domingo, 20 de mayo de 2018

En Iowa no hay hay debate: "la Biblia dice que la vida empieza con la concepción"

Este mes la republicana Kim Reynolds, gobernadora de Iowa (Medio Oeste de los Estados Unidos, tres millones de habitantes), firmó la ley antiaborto más extremista en el último medio siglo en Estados Unidos, que establece que toda mujer que quiera abortar debe someterse a una prueba de ultrasonido y si se detecta un latido cardiaco en el feto, lo que sucede poco después de un mes, estará obligada a continuar con la gestación. Solo se harán excepciones si hay malformación fetal, riesgo de muerte para la madre y violación o incesto –casos en los que la víctima para poder abortar deberá haber denunciado a la policía el crimen que ha sufrido antes de 45 y 140 días, respectivamente–.

La fecha de entrada en vigor de la ley es el 1 de julio de este año, pero organizaciones defensoras del derecho al aborto ya la han impugnado en una corte local alegando que es inconstitucional y se prevé una larga batalla judicial en torno a ella que podría acabar dirimiéndose en la máxima instancia, el Tribunal Supremo federal. La estrategia declarada del movimiento antiabortista a nivel nacional es, precisamente, que una norma reproductiva de este cariz llegue al Supremo y pueda ser revertido su histórico fallo de 1973 en el caso Roe vs Wade, que supuso la despenalización del aborto.

La ley del latido, como ya es conocida, es enormemente radical incluso para un estado de la América profunda como es Iowa, de tendencia conservadora pero flexible, pues desde 1973 ha tenido cuatro gobernadores republicanos y dos demócratas. Una encuesta de este año de su principal diario, The Des Moines Register indicaba, por ejemplo, que un 71% de los encuestados estaban a favor de financiar con dinero público a las ONG para la salud reproductiva que practican abortos en sus clínicas.

La ley aún vigente en este estado permite el aborto hasta las 20 semanas de gestación pero han sido las bases religiosas de Iowa y el sector ultraderechista de los republicanos quienes han forzado el endurecimiento legal. A la cabeza del movimiento local antiabortista está la ONG Iowans For Life. Su directora, Maggie DeWitte, católica de 44 años, está satisfecha con la nueva ley, pero no del todo. “Lo que nosotros queremos es una prohibición total del aborto”, explicó en su sede en la capital, Des Moines. “Cada año en Estados Unidos se está asesinado a millones de hermanos y hermanas antes de que nazcan. En el futuro se echará la vista atrás y la gente se preguntará cómo era posible que las mujeres decidieran matar a sus propios hijos, de la misma manera en que hoy nos preguntamos cómo pudo ocurrir el holocausto”.

Para los antiabortistas prima su fe y desean que los derechos reproductivos se regulen según mandato divino. “No hay debate. La Biblia dice que la vida empieza con la concepción”, dice Whitney Smith, de 40 años y feligresa en Des Moines de la Iglesia de San Juan y San Pablo. “Y quien no quiera basarse en la Biblia, basta con que aplique la lógica: la vida es vida desde que se inicia el proceso de vida”. Su enfoque es diferente al de Britney Allen, que reflexiona: “Tener hijos es lo mejor del mundo y no creo que nadie debiera abortar; pero hay mujeres que se quedan embarazadas en situaciones muy complicadas y… ¡uf, dios!... Sí: creo que debe haber la opción de decidir”.

Además de Iowa, en lo que va de año han impulsado leyes restrictivas los estados de Mississippi y Luisiana –que quieren vetar el aborto después de 15 semanas– y Kentucky –que busca prohibirlo a partir de 11 semanas–, aunque todas parecen abocadas a perder en los tribunales. “Se trata”, dice DeWitte, “de una batalla de varios frentes que esperamos ganar en un futuro. Tal vez no ahora, pero quizás sí si hay una segunda Administración Trump”. El presidente y su evangélico vicepresidente Mark Pence apoyan la agenda de los radicales y el viernes el departamento de Salud propuso recortar los fondos federales a las clínicas que practiquen abortos.

“La ley de Iowa es un asalto cínico y descarado a la libertades y a la igualdad de las mujeres en Estados Unidos”, juzga en respuesta por correo Katherine Franke, directora del Centro para las Leyes de Género y Sexuales de la Universidad de Columbia. “El movimiento antiabortista se ha vuelto aún más radical y extremista con Trump. Espero que el Tribunal Supremo, en caso de que le llegue el pleito, reafirme el fallo de 1973. No solo están en juego los derechos de las mujeres, sino la reputación del Supremo como un órgano que interpreta la Constitución de manera consistente a lo largo del tiempo y no respondiendo a las coyunturas políticas”. En último término, la cuestión depende de la evolución del Tribunal Supremo. Trump ya ha añadido un juez conservador a la composición de la máxima corte, Neil Gorsuch, y su propósito es seguir inclinando la balanza hacia la derecha. “Estoy muy preocupado de que en uno años lleguen a revertir el fallo de Roe vs Wade”, dice Burkhiser.

Hoy, en la tranquila y agrícola Iowa, se encuentra el frente de batalla más intenso de la vieja pelea política entre fe y derechos civiles; aunque, por lo pronto, los segundos permanecen a resguardo del sistema de justicia y respaldados por una mayoría de americanos moderados.





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